27 de agosto. La concentración convocada en Utrera para el próximo 2 de septiembre, presentada como un acto de apoyo a Ceuta, plantea una pregunta fundamental: ¿qué tipo de respaldo necesita realmente la población ceutí? Porque expresar solidaridad es legítimo y necesario, pero una iniciativa que convierta un problema complejo en un mensaje de alarma identitaria o de enfrentamiento con “los otros” no ayuda a quienes viven en Ceuta. Al contrario: puede alimentar la xenofobia, tensar la convivencia y desplazar el foco de las responsabilidades políticas reales.
Ceuta es una ciudad española, europea, fronteriza y profundamente plural. Su población no es un bloque homogéneo ni un símbolo para utilizar en disputas partidistas. Es una comunidad formada por personas de distintos orígenes, culturas y confesiones que comparten problemas materiales muy concretos: desempleo, precariedad, vivienda cara, dependencia económica, servicios públicos insuficientes y una frontera cuya gestión condiciona cada aspecto de la vida cotidiana.
Reducir esa realidad a consignas sobre inmigración, seguridad o identidad nacional es una simplificación interesada. Cuando se presenta la migración como amenaza colectiva, se corre el riesgo de tratar a seres humanos, muchos de ellos menores, familias o personas que huyen de situaciones desesperadas, como el problema en sí mismo. Esa mirada no resuelve nada: solo busca un culpable vulnerable sobre el que descargar frustraciones legítimas.
La xenofobia no siempre se expresa mediante un insulto explícito. También se manifiesta cuando se difunden miedos sin contexto, cuando se asocia a grupos enteros con delincuencia o desorden, o cuando se reclama una política de “mano dura” sin atender a los derechos, las causas y las consecuencias humanas de esas medidas. Un acto público que fomente ese marco mental, aunque se presente bajo la bandera de la solidaridad con Ceuta, puede contribuir a deteriorar la convivencia tanto allí como en localidades alejadas de la frontera.
EL PROBLEMA TIENE RESPONSABLES POLÍTICOS
La situación de Ceuta no ha aparecido de la nada ni puede explicarse exclusivamente por la presión migratoria. Es resultado de años de falta de planificación estatal, de una relación irregular y vulnerable con Marruecos, y de una economía local excesivamente condicionada por la frontera.
Los gobiernos de España, con independencia de su signo político, tienen responsabilidad por no haber desarrollado una estrategia sostenida para Ceuta y Melilla. No basta con reaccionar cada vez que se produce una crisis fronteriza. Hace falta inversión estable, reforzar los servicios públicos, generar empleo de calidad y garantizar que la ciudad no quede a merced de decisiones diplomáticas tomadas en Rabat o Madrid sin participación suficiente de sus instituciones y habitantes.
También es imprescindible recordar que Marruecos ha utilizado en ocasiones el control fronterizo como instrumento de presión política. Permitir o facilitar movimientos masivos de personas para condicionar negociaciones diplomáticas es una práctica inaceptable. Pero denunciarla no obliga a abandonar los principios humanitarios: la respuesta debe dirigirse contra quienes instrumentalizan la frontera, no contra quienes sufren sus consecuencias.
La Unión Europea tampoco puede eludir su parte. Ceuta constituye una frontera exterior europea, pero España ha asumido demasiadas veces en solitario la atención humanitaria, la acogida de menores y la gestión de los recursos necesarios. Europa debe aportar financiación, mecanismos solidarios de redistribución y una política migratoria que no descanse únicamente en externalizar controles hacia países con escasas garantías de derechos humanos.
SOLIDARIDAD QUE SIRVA PARA ALGO
Si de verdad se quiere apoyar a la población ceutí, hay alternativas mucho más útiles que una concentración basada en mensajes de confrontación.
- Exigir al Gobierno de España un plan integral y plurianual para Ceuta: empleo, diversificación económica, vivienda, educación, sanidad e infraestructuras.
- Reclamar una política exterior coherente con Marruecos, que combine cooperación, firmeza diplomática y rechazo a cualquier uso de las personas migrantes como herramienta de presión.
- Pedir a la Unión Europea financiación estable y corresponsabilidad efectiva en acogida, protección de menores y gestión de fronteras.
- Defender recursos suficientes para policías, profesionales sociales, entidades de acogida y servicios públicos, sin convertir la seguridad en una excusa para recortar derechos.
- Promover vías legales y seguras de migración, procedimientos de asilo ágiles y protección efectiva para menores, de modo que las mafias y las rutas mortales dejen de ser la única salida para tantas personas.
- Apoyar a las organizaciones ceutíes que trabajan cada día por la convivencia intercultural, la atención social y los derechos humanos.
La solidaridad no consiste en utilizar a Ceuta como escenario de una batalla política ajena. Consiste en escuchar a su ciudadanía, comprender la complejidad de su realidad y exigir medidas que mejoren su vida. La defensa de Ceuta no es incompatible con la defensa de los derechos humanos; de hecho, una no puede existir plenamente sin la otra.
Quienes convocan o respaldan movilizaciones sobre esta cuestión deberían preguntarse qué dejan tras de sí: si soluciones, recursos y compromiso institucional, o si únicamente más miedo, división y señalamiento. Ceuta necesita políticas públicas ambiciosas, diplomacia seria y convivencia. No necesita que se convierta el dolor de una frontera en combustible para la xenofobia.
Clara Liceira, articulista
Fuente: UTRERAWeb
30/07/2026 
