17/12/2019.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado este martes ha autorizado al Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía a delegar en los Registradores y Registradoras de la Propiedad determinadas funciones y competencias en materia de aplicación de los tributos y revisión en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Con este acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se pone fin a la incertidumbre generada por la posible supresión del servicio de la mayoría de las oficinas liquidadoras de la provincia de la Sevilla tal y como ayer expresó sus temores en este sentido el alcalde de Utrera, José María Villalobos, debido a que el 31 de diciembre de 2019 expira la vigencia del convenio de 26 de julio de 1999 con el que se pone fin al régimen de atribución de funciones aprobado por Decreto 106/1999, de 4 de mayo, previo a la creación de la Agencia Tributaria de Andalucía.
Por ello resultaba necesario establecer una nueva relación que ha establecido el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En el nuevo acuerdo para siga prestando este servicio de la Oficina Liquidadora en los diferentes registros de la propiedad de las diversas poblaciones andaluzas se han tenido en cuenta los avances en materia de administración electrónica, la mejora de la información y los medios de control, así como los cambios normativos que afectan a los tributos que gestiona la Agencia Tributaria de Andalucía.
Todos los factores anteriores han determinado la necesidad de establecer un nuevo modelo de colaboración de acuerdo con la planificación estratégica establecida en el Contrato de Gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno, de 3 de julio de 2018, basado en la prevención, el control y la cooperación.
Por estos motivos, la Junta de Andalucía se encuentra desde el pasado mes de junio negociando el nuevo régimen de colaboración con los Registradores y Registradoras de la Propiedad, que tienen experiencia en la gestión tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con el propósito de contribuir a mejorar los resultados de lucha contra el fraude fiscal bajo las premisas de eficacia, eficiencia y servicio efectivo a los contribuyentes.
Fuente: UTRERAWeb
17/12/2019 
